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La consulta anticorrupción es un proyecto deshonesto

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra “deshonesta”: como “no conforme a razón ni a las ideas recibidas por buenas”. Le calza perfectamente a la consulta anticorrupción que será sometida a los colombianos el próximo 26 de agosto.

 

Es irracional por su costo –entre 300 y 350.000 millones de pesos- una enormidad en un país con tantas necesidades aplazadas y con tanta gente pobre. Pero sobre todo por la inutilidad de las siete iniciativas que contiene, para combatir la corrupción.

 

En todas las encuestas de opinión realizadas durante los últimos años, la corrupción es señalada por los colombianos como uno de los problemas más graves del país. Según el contralor Edgardo Maya cuesta no menos de 50 billones de pesos al año.

 

La fogosa senadora Claudia López y su compañera Angélica Lozano, principales promotoras de la Consulta, fueron políticamente hábiles para recoger la indignación que suscita el tema, para introducirlo en la agenda pública y para impulsarlo exitosamente poniendo en su favor los vientos borrascosos de la polarización de los últimos meses. Pero es deplorable y condenable que no hubieran tenido rigor, ni seriedad, ni responsabilidad a la hora de elaborar las siete preguntas que serán sometidas a los electores.

 

La corrupción afecta de manera permanente y muy grave a los colombianos. La Universidad Externado de Colombia acaba de entregar en cuatro tomos, ‘Corrupción en Colombia‘ el más completo estudio interdisciplinario realizado desde la academia sobre el tema, en lo que va corrido de este siglo. Muchas de sus conclusiones confirman los estudios de otras entidades –Fedesarrollo, Dejusticia- y de expertos como Luis Jorge Garay, Fernando Cepeda Ulloa, Carolina Isaza, entre muchos otros, que señalan que las grandes venas rotas en Colombia están en el gasto militar, en el sistema de salud, en el educativo, en el manejo ambiental, en los departamentos y en los municipios y que es alarmante la inoperancia de la justicia y de los organismos de control para combatir la corrupción en los ámbitos público y privado.

 

El contenido de la Consulta no surgió de una concertación rigurosa con sabios ni entidades, ni considera el  conocimiento acumulado sobre el tema, ni los aportes de fuentes como la Ocde, el BID o el Banco Mundial. Sus propias promotoras resumen así, en su página web la historia de la iniciativa: “Desde el 2014 Claudia López y Angélica Lozano presentaron 8 veces los proyectos de transparencia, antimermelada y reducción de salarios de los congresistas, pero reiteradamente se hundieron en la Cámara de Representantes. Cansadas de que el Congreso dijera no, López y Lozano se embarcaron en esta iniciativa para que sea el pueblo el que decida”.

 

Megalomanía, irresponsabilidad, frivolidad en dosis monumentales que “a punta de carreta” dos mujeres hayan logrado embarcar también a los partidos y a las instituciones en su retaliación personal contra el Legislativo y llevar a las urnas, a ese costo enorme e injustificable, sus proyectos rechazados.

Aprobada ya por el propio Congreso y por el saliente presidente Juan Manuel Santos, la Consulta es irreversible, pero está condenada al fracaso. No por razones políticas, como tratan de hacerlo ver sus promotoras, que buscan afanosamente insertar el debate en la confrontación izquierda-derecha que acaba de sacudir al país. La Consulta Anticorrupción López Lozano fracasará porque es huera, inicua e insulsa. Humo y paja. Puestos bajo todos los reflectores en los días que vienen, es muy difícil que sus contenidos resistan el análisis, la evaluación y las críticas de los expertos que minarán de manera severa y sustantiva el entusiasmo de los colombianos. Pero aún si sobreviviera y lograra la nada fácil cantidad de 12 millones de votos que se requieren para aprobarla, sería una gran cantera de frustraciones, porque sus contenidos no marcan un antes y un después en la lucha contra la corrupción.

En su irreflexiva obsesión por imponer su sueño Claudia López y su compañera desoyeron los reparos de varios expertos: que la ley prohíbe realizar a través de consultas populares iniciativas que impliquen modificar la Constitución o imponer normas en materia presupuestal, fiscal o tributaria y que varias de las propuestas que presenta ya están definidas en nuestro ordenamiento jurídico.

 

En los próximos días los colombianos también entenderemos la complejidad y la escasa utilidad del procedimiento. Solo se declararán aprobadas las preguntas que obtengan el sí de la mitad más uno de los votos válidos y las que los consigan no tendrán fuerza para derogar, ni reformar normas existentes y menos aún para reformar la Constitución. Todas las propuestas aprobadas pasarán al estudio de Senado y Cámara que tienen la obligación de tramitarlas, pero no de aprobarlas.

 

Era casi imposible en los tiempos que corren que alguien se hubiera opuesto a una iniciativa para combatir la corrupción. Sobre ese supuesto Claudia López y Angélica Lozano pusieron en marcha su proyecto, que además de un insólito acto de vanidad, algunos perciben como una estrategia para hacer proselitismo político y para promover candidaturas. Es una gran osadía que hayan logrado involucrar en la misma a los más de 4 millones de colombianos que firmaron su respaldo, pero a la vez una vergüenza que tantos funcionarios e instituciones también hayan sucumbido al canto de sirenas, pese a las protuberantes debilidades de contenido de la iniciativa. “Grosero, descortés, indecoroso” es la otra definición de la RAE para la palabra deshonesta. Esa también le calza perfectamente a la consulta anticorrupción.


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